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Frenar a los extranjeros con antecedentes penales que deseen adquirir la nacionalidad costarricense por concepto de matrimonio es el propósito del proyecto de ley N° 21.511 denominado “Ley para Impedir que Personas Extranjeras con Antecedentes Penales obtengan la Naturalización Costarricense”, presentado por el diputado liberacionista Gustavo Viales, presidente de la Comisión de Seguridad y Narcotráfico de la Asamblea Legislativa.

Esta iniciativa nació en razón de que actualmente, y amparado en dos votos emitidos por la Sala Constitucional, todas aquellas personas extranjeras que deseen naturalizarse por concepto de matrimonio solo necesitan dos requisitos: Haber contraído matrimonio con un costarricense por más de dos años y vivir en el país.

Por lo tanto, y según datos del Departamento de Opciones y Naturalizaciones del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), se le ha concedido la nacionalidad costarricense a muchos extranjeros que presentan antecedentes penales por delitos de toda índole  en Costa Rica, incluyendo homicidios calificados, violación a personas menores de edad y trata de personas.

Los requisitos para adquirir la nacionalidad costarricense por matrimonio no contempla mayores garantías ni seguridad, a diferencia de las otras formas como por ejemplo: residencia, domicilio, refugiado, por progenitores, entre otros.

“Con esta propuesta lo que pretendemos es que exista un mayor control al momento de que un extranjero desee optar por la nacionalidad costarricense (…) Principalmente desde la perspectiva de seguridad nacional; deben analizarse otra serie de requerimientos trascendentales, como lo es la hoja de delincuencia en el extranjero y en el territorio nacional”, indicó el propulsor del proyecto.

Precisamente este jueves la Comisión de Seguridad y Narcotráfico de la Asamblea Legislativa recibió a Walter Espinoza, director del OIJ y German Rojas del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), quienes opinaron que los requisitos para optar por el beneficio de ser costarricense debe robustecerse por motivos de seguridad y de compromiso con el país.

Rojas consideró que la actual ley ha convertido a Costa Rica en un refugio para delincuentes.