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Dieciocho empresas proveedoras de tecnología para monitoreo electrónico mostraron sus atestados este viernes en una audiencia pública con la que el Ministerio de Justicia pretende recolectar insumos para el próximo cartel licitatorio.

Actualmente, las tobilleras electrónicas para el control de privados de libertad las provee la Empresa de Servicios Públicos de Heredia (ESPH), una de las que expuso su nueva propuesta en el auditorio del Registro Nacional.

También participaron otras 14 empresas ticos que intentarían dotar al Ministerio de Justicia de estos aparatos electrónicos para la pena sustitutiva que se aplica desde febrero de 2017 en el país, así como como cuatro internacionales de China, Inglaterra y Colombia.

Tobilleras más discretas, equipadas con dispositivos biométricos y sensores que se activan en caso de ruptura; otras que tienen vigilancia cruzada con teléfonos inteligentes que no permiten el apagado del GPS son parte de las novedades que se presentaron.

Cada empresa contó con 30 minutos para la primera parte de la exposición y luego un periodo para preguntas y respuestas.

“No se hizo ninguna evaluación de las empresas, lo que queremos sencillamente es tener un panorama claro, la amplitud de soluciones tecnológicas que ofrece el mercado que nos sirva para formar el cartel de licitación que estaremos publicando en las próximas semanas”, comentó Jeff Rodríguez, del Ministerio de Justicia y Paz.

Otras empresas mostraron su desarrollo en el tema de inteligencia artificial para discriminar y filtrar información, respuesta de llamadas del centro de monitoreo desde la tobillera y la activación de sirenas en caso de que un reo violente algunos sitios.

La tecnología que se brinda actualmente ha sido cuestionada y generó serias discrepancias entre Justicia y la ESPH debido al faltante de dispositivos y la pérdida del rastro de algunos reos por varios días.

En una última reunión limaron asperezas y la ESPH se comprometió a actualizar el software de las tobilleras con el fin de tener un mejor control de los privados de libertad hasta que venza el contrato en febrero de 2021.

Para lo que será la nueva licitación se abrirá en el primer semestre de 2020 el proceso de recepción de ofertas en el que además de las empresas participantes este viernes, podrán sumarse otras interesadas.