Dos magistradas suspendidas rompieron el silencio para dar su versión sobre caso del cemento chino
Ellas fueron sancionadas con una suspensión de 2 meses sin goce de salario al igual que Carlos Chinchilla y Jesús Ramírez.
Las magistradas Doris Arias y María Eugenia Gómez, quienes fueron sancionadas esta semana por parte de la Corte Plena, rompieron el silencio para dar su versión de los hechos sobre lo que ha ocurrido en el caso del cemento chino.
Ellas fueron sancionadas con una suspensión de 2 meses sin goce de salario, al igual que los magistrados Carlos Chinchilla (quien el lunes se acogió a su jubilación y después demandó al Estado) y Jesús Ramírez, por desestimar una causa por aparente tráfico de influencias.
La medida de los cuatro magistrados de la Sala III benefició a los exdiputados Otto Guevara y Víctor Morales Zapata en el caso del cemento chino.
Las magistradas aseguran que la decisión que tomaron no ocurrió por razones políticas ni de ninguna otra naturaleza.
Señalaron que el "cemento chino" no era un caso mediático al momento de la firma.
Además, textualmente enfatizan el rechazo categórico a cualquier acto o componenda de corrupción u otro delito que se les pueda atribuir.
Antecedente
Menos de una semana después del revuelo causado por la amonestación por escrito contra cuatro magistrados, este lunes la Corte Plena se echó para atrás y decidió suspender sin goce de salarios a los letrados de la Sala III.
Diecinueve de 22 magistrados de la Corte Plena votaron a favor de la suspensión contra Chinchilla, Arias, Ramírez y Gómez.
Y de ese total 15 dieron luz verde para que la suspensión sea extensiva durante dos meses.
Los magistrados -quienes acogieron una petición de la Asociación Nacional de Investigadores Criminales- echaron marcha atrás a la votación que la semana pasada avaló únicamente con amonestar a los cuatro magistrados por su manejo del caso del cemento chino.
El miércoles pasado la Corte debatió la posibilidad de suspender a Chinchilla, Ramírez, Arias y Gómez, pero no se alcanzó la mayoría necesaria de 15 votos.
Se recibieron tres votos por una suspensión de tres días sin goce de salario, dos votos por suspender por un plazo de un mes y dos votos por imponer 15 días de suspensión sin goce de salario.
Para los 12 magistrados que votaron por la suspensión sus cuatro colegas cometieron una falta gravísima el año pasado cuando desestimaron la causa de presunto tráfico de influencias.
El delito de tráfico de influencias se castiga con hasta 5 años de cárcel, pero Guevara y Morales quedaron exonerados de alguna responsabilidad tras la decisión de ese grupo de magistrados.
Ocho meses después, en octubre del 2017, el sindicato de investigadores en criminalística denunció a estos jueces por el aparente delito de prevaricato, que es dictar resoluciones o sentencias contrarias a la ley.
Tras el avance en el Poder Judicial desde hace 6 meses le tocó por rifa al magistrado Román Solís realizar el estudio de la denuncia en contra de los magistrados denunciados.
Solís concluyó que los jueces cometieron una falta gravísima al desestimar esta causa y que debían ser suspendidos 2 meses sin goce salario.
De hecho, la investigación contra Guevara y Morales se abrió desde mayo.
La votación del miércoles pasado desató una oleada de indignación y malestar en diferentes sectores, especialmente a lo interno de la Corte Suprema de Justicia.
Numerosos empleados de dicho Poder de la República protestaron el viernes pasado contra la decisión de los magistrados de solo amonestar a cuatro de sus colegas.