Servicio Civil traza mecanismo para reducir pluses por dedicación exclusiva a nuevos funcionarios

El Servicio Civil estableció el mecanismo para la aplicación del decreto que reduce los pluses por dedicación exclusiva a los nuevos funcionarios del sector público, cuya aplicación rige desde el viernes 15 de junio.

El pasado 1 de junio, el presidente Carlos Alvarado y la ministra de Hacienda, Rocío Aguilar, firmaron el decreto N° 41161-H, en el que se establece una disminución de la dedicación exclusiva, en el marco de una serie de acciones de contención del gasto, anunciadas semanas atrás.

Se estima que esta medida generará un ahorro aproximado de ¢2.657 millones anuales, sumando la disminución que generará la prohibición a nuevos jerarcas contemplada en uno de los proyectos de ley planteados por la ministra Aguilar a la Asamblea Legislativa.

De acuerdo con el decreto, cuyo mecanismo de aplicación definió el Servicio Civil, los profesionales que se incorporen a trabajar con el Estado y que soliciten firmar un contrato de dedicación exclusiva tendrán que ajustarse a estos nuevos porcentajes.

 En lugar del 25% para personas con bachillerato, se reconocerá un 10%; mientras que en vez del 55% para el caso de licenciatura o superior se reconocerá un 25%.

El Director General de Servicio Civil, Alfredo Hasbum, señaló que “esta modificación obedece fundamentalmente a la necesidad de hacer ajustes, dada la grave situación fiscal. 

"Se realizan considerando la protección de los derechos adquiridos, lo cual es relevante, de todas las personas que ya son funcionarios o funcionarias a la fecha. 

"Estas medidas se aplicarán únicamente a las nuevas y nuevos funcionarios que se acojan a la dedicación exclusiva, sea que ya estén trabajando, o que vengan externamente del Régimen de Servicio Civil”, argumentó. 

Contención del gasto

El presidente Alvarado firmó a inicios de este mes una directriz que suspende nuevos contratos de televisión por cable o satelital en el sector público.​

Alvarado y la ministra Aguilar firmaron la medida “sobre no renovación de contratos de servicios televisión paga en instituciones públicas”.

“Se trata de la directriz N°007-H, la cual suspende iniciar procesos de contratación que conlleven nuevas obligaciones para el Gobierno Central referentes a servicios de TV paga, sea por cable o por satélite”, señala Casa Presidencial mediante un comunicado de prensa.

El Gobierno de la República instó “a las instituciones autónomas, semiautónomas y a las entidades adscritas, así como a los otros poderes de la República a aplicar las medidas consideradas en esta Directriz”.

Esta directriz se une a las otras ya tomadas por la actual administración para reducir el déficit fiscal.

El Gobierno Central congelará el crecimiento del presupuesto en el 2019, reducirá los incentivos de dedicación, prohibición y anualidades y aplicará un nuevo esquema salarial para los nuevos funcionarios como parte de sus medidas para la reducción del déficit fiscal.

Así lo aseguró la ministra de Hacienda, María del Rocío Aguilar, durante su anticipada comparecencia ante los diputados días atrás.

En una amplia presentación, la ministra dio a conocer la propuesta de “Sostenibilidad fiscal por el bienestar de Costa Rica”, una serie de acciones administrativas, decretos, directrices y proyectos de ley orientados a acompañar al plan fiscal que actualmente se discute en la Asamblea Legislativa.

“El problema fiscal no se resuelve con solo impuestos o medidas de gobernanza local, tomar acciones sobre el gasto sin generar nuevos ingresos llevaría a profundos recortes a programas importantes.

“La necesidad de resolver el problema fiscal es impostergable. Estos déficits son recurrentes desde hace más de una década y desde siempre las soluciones han sido la deuda y la reducción del gasto de capital, ambas cortoplacistas”, criticó la ministra.

La propuesta, que ya fue avalada por el Gobierno y el presidente Carlos Alvarado, incluye además la prohibición a la creación de cualquier nuevo plus salarial o incentivo, el fomento de la firma digital y el teletrabajo y la negativa inmediata a la creación de nuevas plazas, entre muchos otros.

Según este, las necesidades de personal serán atendidas por alguna de las más de 5.000 plazas vacantes que según Aguilar hay en todo el sector público.

Tampoco se podrán contratar nuevos alquileres ni ninguna reestructuración administrativa que conlleve a un gasto y no a un ahorro.

La ministra explicó que solo en el tema salarial, la reforma para el incremento fijo para cada empleado público significaría un ahorro de ₡12.600 anuales, mientras que la reforma en las anualidades significaría hasta ₡96.000 millones en cuatro años.

A continuación puede ver un resumen de lo propuesto este miércoles por el Ministerio de Hacienda: 

Proyectos de ley

--Se modifica el porcentaje de pago de prohibición a profesionales con el grado de bachillerato y licenciatura.

--Se modifica el porcentaje base de los sobresueldos por compensación económica de prohibición.

--Se modifica el porcentaje de pago de prohibición para funcionarios de la auditoría interna.

--Se modifica el porcentaje de sobresueldo por prohibición de los servidores municipales.

--Se propone una contingencia para salarios brutos mensuales iguales o superiores a un millón quinientos mil colones, para que estos no estén sujetos a incrementos salariales durante el 2018 y hasta el 2020.

Directrices

--Se reduce a la mitad el porcentaje de plazas vacantes, de un 50% a un 25%.

--No podrán contratar nuevos alquileres y los que deban renovarse deben ser en colones y su incremento será únicamente la inflación.

--No podrán iniciar nuevos procesos de reasignación de puestos.

--No podrán crear nuevos pluses o incentivos salariales

--Deberán fomentar la utilización de la firma digital y el teletrabajo.

--Deberán recortar en las siguientes subpartidas (exceptuando los gastos financiados con fondos externos y de contrapartida asociados a proyectos de inversión financiados con endeudamiento público):

*Un 30% en Transporte y Viáticos en el exterior (se exceptúan Ministerio de Comercio Exterior, Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto y el Instituto Costarricense de Turismo, en lo que se refiere estrictamente a la promoción de la marca destino-país)

*Un 30% en Publicidad y Propaganda (se exceptúa el Instituto Costarricense de Turismo, en lo que se refiere estrictamente a la promoción de la marca destino-país)

*Un 50% en Actividades protocolarias o sociales (se exceptúan Presidencia de la República y Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto)

*Un 30% en Tiempo extraordinario

*Un 20% en Servicios en Ciencias Económicas y Sociales

--Los salarios únicos o compuestos del presidente y vicepresidentes de la República, ministras y ministros, viceministras y viceministros, presidentes y presidentas ejecutivas, gerentes y subgerentes del sector descentralizado se mantendrán fijos hasta el año 2020.

--Se gira la instrucción a las y los jerarcas, para que los servidores de confianza de sus dependencias no superen una jornada de doce horas diarias, de manera que no se les deba pagar horas extra.

--Las ministras, ministros, viceministras y viceministros deberán solicitar ante Consejo de Gobierno autorización previa para poder realizar viajes al exterior.

--No se iniciarán nuevos contratos que conlleven nuevas obligaciones para el Gobierno Central, referentes a servicios de televisión pagada, satelital o por cable. No se aplica a las contrataciones ya existentes, pero se deja a valoración de cada jerarca cuáles deban rescindirse.

--Deberán negociar el reajuste anual de precio del alquiler con base en un monto que no supere la inflación proyectada para dicho año. Entidades cuyos contratos se rijan por art 67 Ley General de Arrendamientos Urbanos y Suburbanos deberán remitir un informe a la Dirección a la Dirección de Bienes del Ministerio de Hacienda sobre el estado actual del contrato de alquiler.

--Las instituciones que suscriban o renegocien contrato de alquiler negociarán que mejoras y remodelaciones asumidas por el arrendatario se trasladen y descuenten del pago del alquiler. Todas las instituciones que cuenten con convenciones colectivas, deberán renegociarlas una vez se llegue a su vencimiento.

--Los jerarcas tendrán la responsabilidad personal de impedir la prórroga automática de las convenciones colectivas vigentes.

--Las instancias de la Administración Pública están en el deber de denunciar aquellas cláusulas que se consideren abusivas y atenten contra el buen manejo de las finanzas públicas.

--Toda negociación deberá procurar la racionalización de recursos públicos, y tender a la baja en el costo que significa el funcionamiento de la convención colectiva.

Decretos

--Se autoriza a las instituciones que reciben transferencias del Presupuesto Nacional para que durante el 2018 y 2019 puedan financiar gastos operativos con recursos de superávit libre.

--Solo se aprobarán las reestructuraciones dentro de ministerios, órganos desconcentrados y entidades cubiertas por el ámbito de la Autoridad Presupuestaria, cuyo propósito sea hacer más eficiente la gestión del Estado, siempre que no impliquen la creación de plazas adicionales, reasignaciones de puestos, así como nuevos gastos.