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La falta de planificación e ineficiencia del Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) dispararía el costo de construcción de la carretera Sifón (San Ramón) – La Abundancia (San Carlos).

Así lo denunció este miércoles la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (Uccaep), que asegura que la nueva propuesta del Conavi para concluir con las obras elevaría a $383 millones el costo total del proyecto, es decir que cada kilómetro de construcción costaría más de $12 millones.

Franco Arturo Pacheco, presidente de la Uccaep, aseguró que los dos representantes de las cámaras en el consejo de administración de Conavi votaron en contra a una serie de propuestas del Consejo para continuar con las obras, ya que las mismas carecían de un adecuado sustento técnico y financiero. 

“Estamos conscientes que la situación de la infraestructura vial en Costa Rica es deficitaria y que tal situación está generando una pérdida considerable para la competitividad del país, pero es nuestra responsabilidad hacer un alto y evidenciar que la falta de planificación y la ineficiente administración de los proyectos viales son factores que provocan esta situación”, dijo Pacheco.

Según los empresarios, los $123,9 millones restantes que se proyectan para finalizar el proyecto son un supuesto, por lo que no existe seguridad que este sea el monto final a destinar para las obras faltantes.

“Además, se desconoce la existencia de una partida específica para financiar el monto faltante y en medio de la situación fiscal del país, sería irresponsable aprobar recursos extraordinarios para un proyecto, cuyo costo final aún no es seguro”, añadió.

La posición del sector empresarial es que debe replantearse el proyecto y finalizar el contrato actual para evitar más riesgos de costo y tiempo. 

Mayoría

El Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), envió este mismo miércoles un comunicado de prensa en el que aseguró que la mayoría del Consejo de Administración de Conavi sí votó a favor de la propuesta de continuar adelante con las obras. 

"Si bien es cierto los dos representantes de UCAEP se apartaron de la decisión y eso se respeta, no son la mayoría, que considera prioritario concretar acciones en procura de concluir la obra por la evidente necesidad país", aseguró la misiva firmada por el ministro de Transportes Germán Valverde.

Según el ministro, el Consejo discutió tres propuestas o escenarios técnicamente fundamentados para concluir la obra. Dichas propuestas serán remitidas en los próximos días a la Contraloría General de la República.

Sin embargo, esos escenarios no fueron comunicados, pues según el MOPT "no es procedente aportar detalles de previo" hasta que no sean presentados a la CGR.

"Con el voto del pasado lunes no se estaban aprobando montos ni soluciones técnicas, lo que se buscó aprobar es la línea de acción sobre la cual la Administración trabaja la propuesta de adenda que si incluye el sustento técnico, financiero y jurídico necesario para alcanzar la aprobación por parte de la Contraloría", añadió la misiva.

Valverde añadió en el comunicado que no tomar ninguna decisión en el tema podría generar un atraso de entre dos y tres años más mientras se resuelve el contrato actual y se gestiona uno nuevo. 

"Este es un escenario que la mayoría de los directivos del Conavi no queremos para Sifón-La Abundancia y sus potenciales usuarios", finalizó.

Urgencia

A finales del año anterior la Contraloría ordenó al Conavi que tomara una decisión sobre la continuidad de la fase constructiva del proyecto.

Según el ente contralor, las condiciones de “incertidumbre e indefinición” en que se encuentra el proyecto hacían urgente la decisión, que además debía garantizar el cumplimiento de las observaciones realizadas para asegurar la funcionalidad de la vía.

En octubre del 2015 el área de Infraestructura de la CGR ya había advertido al Conavi sobre algunas debilidades del proyecto, como por ejemplo en puentes, taludes clasificados como críticos e intersecciones que no se habían construido ni finalizado sus diseños.

Además que no se había actuado oportunamente en la culminación de expropiaciones pendientes y se indicó que desde el punto de vista del control, si bien se contaba con un programa de trabajo este no reunía los requisitos mínimos necesarios para ser una verdadera herramienta de control.

Por estas mismas razones la Contraloría negó en julio anterior la modificación al contrato entre Conavi y la empresa constructora Sánchez Carvajal. Esa solicitud, entre otras, pretendía aumentar el plazo en 320 días y el monto en $24 millones.