Por Yessenia Alvarado |13 de diciembre de 2017, 8:49 AM

A mes y medio para las elecciones presidenciales los diferentes aspirantes presentan sus planes de gobierno. 

Este miércoles lo hizo el frenteamplista Edgardo Araya, quien trazó sus siete ejes de acción en un eventual gobierno suyo. Este martes lo hicieron Antonio Álvarez Desanti y Juan Diego Castro.

Araya centraría una eventual administración del Frente Amplio en el combate a la corrupción y la inseguridad, el respeto al ambiente y a los derechos humanos, la lucha contra la pobreza y el desempleo y la generación de puestos de trabajo, entre otros.

Estos son algunos de sus puntos más destacados en su plan de gobierno, que presentó ante los medios en compañía de los principales líderes de la agrupación.

Destacan en el campo económico, por ejemplo: mejorar el acceso al crédito y financiamiento las micro y medianas empresas, estrategia de promoción del turismo interno, encadenamientos productivos y regulación de los precios de los medicamentos.

En lo social: consolidar el servicio social obligatorio para especialistas en zonas rurales y de menor desarrollo humano, garantizar recursos al PANI, transformar la red de cuido infantil en un Seguro Social de Guarderías y garantizar el acceso gratuito al seguro de salud para menores de edad y mujeres embarazadas.

También se consignan esfuerzos para respaldar propuestas enfocadas en los derechos de las mujeres y la equidad de género así como propuestas que buscan garantizar derechos a la comunidad LGTBI y las personas con discapacidad.

En lo político: eliminar inmunidad a diputados, presidencia, y magistrados investigados por corrupción, crear auditorías ciudadanas sobre funcionamiento de los servicios públicos e impulsar una reforma constitucional que establezca causales y procedimientos para la destitución de diputados y diputadas que cometan violaciones al deber de probidad.

Y en la lucha contra la inseguridad el Frente Amplio le apuesta a: profesionalizar los cuerpos de policía
administrativa, impulsar la rendición de cuentas a la ciudadanía sobre logros de los objetivos de los cuerpos policiales y mejorar paulatinamente los salarios y protección de los derechos laborales de la policía y el personal penitenciario.