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Las sanciones administrativas no alcanzan a funcionarios de Gobierno como la presidenta de la República, Laura Chinchilla. Así lo remarca el abogado Ewald Acuña.

Sin embargo, situaciones como el reciente informe de la Procuraduría de la Ética, hacen pensar en un posible cambio.

Este documento señala un supuesto incumplimiento con en materia de dádivas, tras el vuelo presidencial a Perú. Donde además de la presidenta viajaron dos ministros de Estado y una asistente.

Este hecho en concreto, pone en perspectiva la necesidad de hacer cambios constitucionales, que permitan sentar responsabilidades éticas o de probidad.

Sin embargo, esto quedaría en manos de los diputados, lo que podría ser un arma de doble filo.

El caso de la mandataria fue archivado. No obstante, el procurador ético, Gilbert Calderón, dejó ver incumpliendo por parte de dos funcionarias, que podrían acarrear desde una llamada de atención hasta el cese de sus labores.

Aunque Irene Pacheco, asistente del despacho, renunció, goza de vacaciones, por lo que las sanciones son aplicables.