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El Ministerio de Seguridad todavía no ha sido notificado sobre alguna fecha para desalojar a más 90 familias que viven en finca Chánguena en Osa, Puntarenas.

Una orden judicial señaló que estas personas debían abandonar el lugar. Sin embargo, un recurso de amparo, presentado por una de las afectadas ante la Sala Constitucional, suspendió cualquier desalojo.

La Sala tendrá la última palabra. 

“Así la situación, la policía aguardará la decisión final que se tome y resolverá según lo que establezca la resolución constitucional”, señaló el Ministerio en un comunicado.

Las autoridades añadieron que son garantes “de los derechos humanos de las personas que habitan en dicho lugar y no se realizará nada en contra a lo que pueda establecer la Ley y la resolución de la Sala Constitucional”.

A mediados de este mes, las familias de finca Chánguena se manifestaron en contra del eventual desalojo, bloqueando un carril del puente sobre el río Grande de Térraba.

Ese día, el bloqueo acabó en un enfrentamiento ente los protestantes y la Fuerza Pública, con un saldo de siete detenidos y varios heridos. 

Asimismo, en el 2015, una serie de protestas llevaron a las familias a acampar por algunos días en el puente.