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El motín en una cárcel mexicana de Nuevo León (norte), que dejó 49 muertos, se convirtió en el bautizo de fuego de Jaime Rodríguez, el primer gobernador independiente del país, en momentos en que el estado vive un repunte de la violencia.

Rodríguez, conocido como "El Bronco" por su peculiar forma de hacer política, enfrenta con este motín su primera crisis de seguridad a solo cuatro meses de haber llegado al poder en Nuevo León.

Rodríguez se hizo gobernador tras una campaña que despertó altas expectativas entre una ciudadanía harta de los partidos tradicionales y que vivió atemorizada entre 2010 y 2012 por la cruenta disputa territorial entre el cártel del Golfo y los sanguinarios Zetas.

Pese a que en los últimos tres años en Nuevo León empezaron a disminuir los índices de violencia, una gran parte de la población dejó de creer en las promesas de los partidos políticos y confió su voto al independiente Rodríguez, cuyo hijo fue asesinado por integrantes del crimen organizado.  

Pero el jueves en la madrugada, se registró un encarnizado enfrentamiento de reos armados con palos y navajas en el Penal de Topo Chico en Monterrey, capital de Nuevo León, dejando un saldo de 49 muertos y 12 heridos.

Este nuevo hecho de violencia prendió las alertas entre la clase política y organizaciones defensoras de las víctimas de la violencia.

Reacomodo de cárteles

Un reacomodo de los liderazgos de cárteles narcotraficantes en esa región fronteriza con Estados Unidos y la presión que las autoridades han ejercido sobre organizaciones criminales detonaron un repunte de la violencia, dijo el sábado en conferencia de prensa Roberto Flores, fiscal de Nuevo León.

De acuerdo con el funcionario, antes de concluir febrero llegarán a Nuevo León 1.500 militares para reforzar la seguridad, pues en enero pasado fueron asesinadas en el estado 35 personas, una cifra mayor a las de diciembre (31) y noviembre (25).

Uno de estos casos fue la masacre de siete personas, entre ellas tres menores de edad, ultimadas en enero por un comando armado en Santa Catarina, un municipio del área metropolitana de Monterrey, importante polo económico del país.

"De un mes para acá subió el homicidio, las desapariciones y el secuestro. Empezamos a ver un repunte de la inseguridad", dijo de su lado a la AFP Consuelo Morales, directora de Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, una reconocida organización defensora de las víctimas de la violencia en México.

Para Morales, lo que pasa al interior de los penales es un reflejo de lo que ocurre en la sociedad.

Las autoridades de Nuevo León explicaron que la riña en el penal se originó por el enfrentamiento de dos líderes de los Zetas que se diputaban el poder dentro de la prisión.

Mauricio Fernández, alcalde de San Pedro Garza García -aledaño a Monterrey y con el Índice de Desarrollo Humano más alto de México- expresó el jueves ante la prensa su preocupación por la seguridad en el estado.

"No quiero echarle más gasolina al fuego", dijo Fernández, del opositor Partido Acción Nacional, pero "un diagnóstico general" sobre la seguridad en Nuevo León es "que es muy preocupante" lo que pasa.