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Lo fiscal no es una asunto que se pueda abordar desde los ingresos, o de los gastos, o de la deuda, cada uno por aparte, o juntos. Hasta esto es insuficiente pues deberíamos verlo desde una perspectiva de reactivación económica, del reparto de las cargas entre sectores, y de su dimensión política.

Lo que sabemos es que la situación fiscal del gobierno central es apremiante, tanto en términos presupuestarios como de caja. Coloca al país en un sendero de crisis, con presiones inflacionarias y a las tasas reales de interés. Su despliegue no es muy lejano.

También sabemos que tiene muy amplias repercusiones para el país. Depender de manera casi mayoritaria (46% del Presupuesto Nacional del 2016) del endeudamiento externo o interno en dólares para financiar los gastos corrientes genera vulnerabilidades económicas y redistributivas, distorsiona las condiciones de competitividad internacional y sujeta a Costa Rica a condicionamientos inexorables e indeseables.

En este sentido las soluciones fiscales deben adoptarse prontamente y con criterios estratégicos, que son, a mi juicio, los siguientes:

  • Quedar inscritas en un marco de reactivación económica y corrección hacia políticas públicas de desarrollo productivo y redistribución de los incentivos a las actividades y sectores económicos para lograr que la economía sea más incluyente, utilice los recursos existentes, especialmente para reducir las tasas de desempleo y subempleo.
  • Contribuir a reducir las distorsiones al tipo de cambio que lo sobrevaluan, mediante la reducción del flujo de dólares para el financiamiento del Estado, el seguimiento y reducción de flujos ilícitos internacionales y la eliminación de estímulos a la inversión especulativa externa.
  • Sustentar las políticas públicas sociales que son incluyentes, con las mejoras en la eficiencia y eficacia necesarias.
  • Generar un espacio importante para recuperar y hacer avanzar la infraestructura económica y social, con ello el crecimiento económico y el empleo.
  • Mejorar la estructura de exenciones para que los sectores más dinámicos de la economía contribuyan al financiamiento del gobierno, y que los mayores niveles de crecimiento económico redunden en crecimientos proporcionales de recaudación.
  • Atacar los niveles de exención, evasión y elusión de los impuestos para corregir una baja carga impositiva y prácticas comerciales de competencia desleal.
  • Clarificar y ajustar medidas para el logro de la eficiencia y eficacia en la entrega de servicios públicos de calidad por parte del Estado, en particular del gobierno. Esto supone un efectivo seguimiento del desempeño y asociar los incentivos a los buenos resultados institucionales y personales, bajo la responsabilidad de la Contraloría y la Defensoría.

Es claro que recuperar la confianza en el sistema político (política, políticos e instituciones) pasa por un financiamiento del gobierno central sano, más progresivo, que no presione deuda y genere resultados públicos, mejores y de calidad, para la población.