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La Sala Constitucional falló en contra de una serie de recursos de amparo que interpusieron funcionarios de educación contra el rebajo en su salario realizado por su ministerio, a raíz de la huelga del 1 de setiembre del año pasado.

Esa huelga se realizó en protesta por el llamado proyecto de "Educación dual", que se tramita en la Comisión Permanente Especial de Eduación, Ciencia y Tecnología.

Ante esto, la Sala Constitucional resolvió:  

1. Los recurrentes tuvieron la oportunidad de objetar por medio de los recursos dispuesto para ello y así fue, en varios casos, ya que tenían pleno conocimiento de las razones que justifican la deducción aplicada y procedieron a interponer los recursos ordinarios respectivos.

2. El determinar si existe o no motivos legales que justifiquen tal falta de trabajo es un asunto que debe discutirse en la vía administrativa o la jurisdicción laboral, conforme el procedimiento establecido en esa sede para el caso concreto.

3. Sobre la inconformidad de los gestionantes respecto al rebajo salarial sin haberse resuelto los recursos que presentaron, ya la Sala en reiterados fallos ha indicado que “los actos administrativos, una vez emitidos por la Administración, son ejecutivos y ejecutorios”, lo que implica que la interposición de los recursos ordinarios no suspende la ejecución de los actos administrativos, a menos que el superior decida lo contrario para evitar perjuicios mayores o de imposible reparación.

Las autoridades del Ministerio de Educación (MEP) se mostraron satisfechas con el pronunciamiento de la Sala Constitucional.

"En todo momento, el MEP cumplió con el principio constitucional del debido proceso instituido en el artículo 39 de la Constitución Política (...) Esta administración seguirá trabajando y garantizando la continuidad del servicio educativo en pro de los estudiantes, de las personas menores de edad y su derecho fundamental a la educación".

De acuerdo con datos aportados por la entidad, estos recursos de amparo lo interpusieron más de 5.000 funcionarios, a quienes se les aplicó el rebajo, que va desde ¢50.000 hasta los ¢150.000.

Sin embargo, el fallo de la Sala solo se refiere al reclamo de 25 funcionarios; aún quedan por analizar los restantes expedientes.