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Costa Rica no ha acatado una sentencia -de carácter vinculante y obligatorio- de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre la aplicación de la fecundación in vitro (FIV).

Desde aquella sentencia de diciembre del 2012, la FIV ha caminado por un sendero tortuoso, empedrado y cuesta arriba, y la responsabilidad ha empapado a los tres poderes de la República.

Mientras la Sala Constitucional emplaza a los diputados a legislar sobre la materia -cuyo proyecto está estancado en el Congreso-, en Casa Presidencial dicen querer cumplir con la sentencia mediante un decreto, que este miércoles la primera instancia se lo trajo abajo.

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Octubre 2000: La Sala Constitucional prohibió la FIV al alegar que atentaba contra el derecho fundamental de la vida.

Diciembre 2012: La Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado costarricense por no regular ni aplicar la FIV.

Setiembre 2015: La Junta Directiva de la Caja del Seguro Social se pronunció en contra de que el tema de la FIV se regule vía decreto, aunque no se opuso a la técnica como tal. Por su parte el Colegio de Médicos dio un espaldarazo a la posibilidad de que el Ejecutivo emitiera el decreto.

Días después el mandatario firmó un decreto para cumplir con la sentencia de la Corte Interamericana. Se daba un plazo de entre seis meses y dos años para su aplicación en la medicina pública y privada. El decreto se publicó el 11 de ese mes en el diario oficial La Gaceta.

El 15 de ese mes las Naciones Unidas emitieron un comunicado en el que felicitaban a Costa Rica por este paso.

Días después, los diputados evangélicos y diputados del PUSC interpusieron un recurso de inconstitucionalidad al alegar que el Ejecutivo no consultó a los ciudadanos.

7 de octubre: La Sala Constitucional acogió el recurso parta su estudio y fue cuando se pronunció este miércoles.

Este mes la Corte -cuya sede está en nuestro país- sesionará para analizar, entre otras cosas, el atraso de Costa Rica en la aplicación de la sentencia.