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    ONU pide a Costa Rica aprobar la ley de autonomía de pueblos indígenas

    San José, 17 abr (EFE).- El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) presentó hoy un informe sobre la situación de los pueblos indígenas de Costa Rica y pidió al Gobierno y al Congreso la ratificación de la ley de autonomía de esas comunidades.

    La representante de la oficina regional para Centroamérica del ACNUDH, Carmen Rosa Villa, declaró hoy en una conferencia de prensa que en el informe se destaca la "necesidad de que se apruebe el proyecto de ley de desarrollo autónomo de los pueblos indígenas para recuperar las estructuras de poder tradicional".

    "Esta ley es un elemento muy importante. Nos gustaría ver que después de 18 años la Asamblea Legislativa, finalmente, pueda revisar esta ley y aprobarla", expresó Villa.

    "Se han hecho muchos esfuerzos a lo largo de estos años y los pueblos merecen contar con esta ley de autonomía", resaltó.

    Este proyecto de ley se encuentra en un limbo en el Congreso desde hace 18 años, donde no ha mostrado avance alguno, pese a que los indígenas han pedido que se vote ya sea para aprobarla o rechazarla.

    La iniciativa busca dar mayor autonomía a los pueblos indígenas para la administración de sus tierras, las cuales serían inalienables e intransferibles, así como el reconocimiento de sus juicios consuetudinarios como procedimientos compatibles con el ordenamiento jurídico del país.

    También pretende una educación pluricultural, el establecimiento de patentes indígenas para su medicina natural, la creación de oficinas indígenas en la Cancillería y el Ministerio de Educación, y el establecimiento de procesos de consulta, entre otras cosas.

    El informe acerca de Costa Rica de la ACNUDH es parte del "Diagnóstico sobre la Situación de los Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas de América Central".

    Villa detalló que otras recomendaciones que se le hace al Estado costarricense son suprimir la Comisión Nacional de Asuntos Indígenas porque "no ha cumplido con sus objetivos", desarrollar un plan de ordenamiento territorial indígena y ampliar la participación de los pueblos en las decisiones estatales.

    "Las políticas y programas que se diseñen y se ejecuten deben ser con los pueblos indígenas y no solo para los pueblos indígenas. Trabajar con, significa que quienes están en el proceso tienen voz y decidida participación en las decisiones", expresó Villa.

    Además, señaló que se debe formular una estrategia jurídica, económica y social para que las personas no indígenas que habiten tierras ancestrales sean reubicadas, así como aumentar la participación de las mujeres indígenas en los procesos de discusión.

    En el informe se señalan como principales problemas de los pueblos indígenas del país la inseguridad jurídica sobre la tenencia de tierras, violaciones al derecho de consulta, discriminación por parte de autoridades judiciales, especialmente deficiente asistencia legal e interpretación en sus lenguas.

    Además, falta de educación en idiomas indígenas, problemas de acceso a la salud, pobreza, discriminación, entre otros.

    Según datos oficiales, en Costa Rica, país con 4,3 millones de habitantes, viven unos 64.000 indígenas pertenecientes a ocho grandes pueblos: Chorotega, Bribri, Cabecar, Brunca, Huetar, Maleku, Teribe y Guaymi. 

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