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    Experto asegura que sí se puede anular concesión de carretera a San Ramón

    Miles lo gritaron ayer en Alajuela. No quieren que la empresa OAS amplíe y administre la carretera San Ramón - San José. No quieren pagar un peaje de 4 mil colones. Pero la concesión está dada y con el visto bueno de la Contraloría.

    La pregunta es ¿Se puede dar marcha atrás? ¿Habría consecuencias? Para responder a todas estas interrogantes, Telenoticias entrevistó este viernes a Alberto Rodríguez, especialista en Derecho Administrativo.

    Él señaló que el artículo 36 de la ley de concesiones establece que la nulidad absoluta del contrato se declara cuando se haya celebrado con violaciones expresas o implícitas a las disposiciones de ley de administración pública.

    “Esta concesión contiene vicios más que evidentes, la misma ley de concesiones establece su salida”, comentó Rodríguez.

    Además señala que la presidenta Laura Chinchilla y el ministro Pedro Castro, podrían declarar la nulidad del contrato, “porque técnicamente este contrato de concesión no tiene valor legal alguno por los vicios de nulidad”.

    La nulidad de este tipo de contratos también puede ser declarada por un Tribunal Contencioso Administrativo o mediante una denuncia ante el Ministerio Público por actos ilícito. De hecho, este abogado interpuso una denuncia.

    ¿Por qué esta concesión es imposible jurídicamente? Rodríguez señala que el artículo 6 de la Ley de Caminos Públicos expresa: “se declara de utilidad pública la faja de terreno que ocupa la Carretera Interamericana entre las fronteras con Panamá y Nicaragua con un ancho de 50 metros”.

    Además explica que el artículo 5 de la ley de concesiones señala que no se pueden concesionar obras públicas con limitación a libre tránsito.

    “No existen vías alternas para otorgar esa concesión, más bien la Bernardo Soto es vía alterna de Caldera”, recordó.

    “Las demás carreteras que el ministro Castro estima como rutas alternas son aquellos trillos del Monte del Aguacate, o lo que popularmente llamamos como los caminos que van por dentro, entre Alajuela y Heredia”, agregó.

    El abogado cree que estas no son rutas alternas, sino que se trata de aquellas que permitan el flujo vehicular de manera expedita y razonablemente, y que puedan ser utilizadas por los ciudadanos en condiciones normales de tránsito, de manera alterna y sin recurrir al pago del peaje.

    Al artículo 5 de la ley de concesiones también dice que no puede darse en concesión, obras que sean fundamentales para el resguardo de la soberanía y de la nación. “¿Qué más importante para el resguardo de la nación, que la ruta Interamericana hacia las fronteras con Nicaragua y Panamá?”.

    El experto en derecho administrativo, explica que la ley de concesiones señala como indispensable la licitación pública para otorgar una concesión.

    “OAS nunca participó en una concesión, y los requerimientos del cartel datan desde hace 7 años. A este contrato le han venido cambiando términos del contrato en función de beneficiar a una empresa”, aseguró.

    Entre sus intervenciones finales, Rodríguez opina que el gobierno no debía permitir la cesión, porque no se tenía el derecho de autorizar el pago por una obra que nunca inició.

    “Se debió establecer la caducidad de la obra. Esto está amañado, nulo, es caduco, no se soporta a sí mismo”, concluyó.

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