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    Noticias | Nacional

    ¿Podría suspenderse la concesión de la ruta a San Ramón?

    La polémica sigue creciendo en torno a la concesión de la ruta San José - San Ramón. Mientras los vecinos de Occidente preparan una serie de medidas contra la construcción de esta obra, las autoridades de gobierno se defienden de los cuestionamientos, argumentando los beneficios que recibirán quienes usen esa vía.

    La obra de 58 kilómetros tendrá un costo de $524 millones. Quienes se oponen al proyecto, afirman que la ampliación de carriles será únicamente en dos kilómetros, mientras que el ministro Pedro Castro asegura que será en un 56% de la ruta.

    Los vecinos ramonenses han mostrado su descontento con el cobro de los peajes en esa vía. Un vehículo que viaje hasta San José 20 veces al mes, tendrá que pagar ¢76 mil, para un total anual de ¢912 mil.

    Otro de los cuestionamientos que han realizado tanto diputados como los líderes comunales es la legalidad de la concesión, que en un inicio se otorgó a Autopistas del Valle,  y luego se dio una cesión de contrato para que OAS asumiera los trabajos.

    Paúl Brenes, representante de Foro de Occidente dijo días atrás en Telenoticias que tomarán las acciones necesarias para evitar la concesión.

    Pero, ¿bajo cuál escenario se podría frenar el contrato de concesión de esta ruta?

    Una de las opciones sería la interposición de un recurso ante el Tribunal Contencioso Administrativo.

    Juan Carlos Castro, especialista en Derecho Administrativo, señaló que en caso de que el Tribunal acoja dicho recurso, se podría dictar una medida cautelar, “que tendría que suspender la ejecución del contrato, en tanto se define la legalidad o no de la concesión otorgada”.

    Sin embargo, para que esto ocurra, el contrato tendría que presentar alguna anomalía. “Que tenga vicios de legalidad, afectación al medio ambiente e incluso daños directos a vecinos de la zona, serían algunas de las razones por las cuales se podría acoger el recurso”.

    ¿Qué pasa con el monto  de los peajes? ¿Puede ser un argumento para frenar la concesión?  El especialista asegura que el acto administrativo debió considerar elementos técnicos necesarios para determinar el monto a pagar.

    “Detrás de la concesión debieron participar economistas que hicieron los cálculos correctos para otorgar el proyecto, si el cálculo está mal hecho y sobre esto se basa el recurso, sí podría tener viabilidad la apelación en el Tribunal”, agregó.

    Otra de las vías para apelar el contrato, sería mediante una acción de inconstitucionalidad.

    El abogado Juan Miguel Villalobos, quien es representante de los vecinos afirma que la cesión del contrato a OAS no respeta los términos de la licitación.

    En el cartel de licitación se afirma que la compañía concesionaria de la carretera debe acreditar experiencia exitosa en actividades de similar naturaleza, monto y complejidad que la obra concesionada.

    Sin embargo, la empresa concesionaria OAS acredita trabajos en dos y solo dos carreteras por un monto muy inferior. El monto autorizado por la Contraloría General de la República para la carretera a San Ramón es de 650,4 millones de dólares.

    OAS acredita haber trabajado en la carretera de Rodoanel, por un monto de 372,6 millones de dólares, un 68% de la de nuestra y una segunda experiencia en la carretera Rapodo-Tavares, por un monto de 272,8 millones, un 48% de la nuestra.

    Afirman que según la Constitución este tipo de servicios solo puede concesionarse con el permiso de la Asamblea Legislativa, requisito que esta vez no se cumplió.

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