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    Empresa ganó $33 millones sin mover un solo metro de tierra por ruta a San Ramón

    Igual que con la ruta a Caldera, el país se prepara para pagar cientos de millones de dólares por una carretera entre San José y San Ramón que es casi igual a la que tenemos.

    Se ganaron 33,9 millones de dólares por no hacer nada.

    La empresa Autopistas del Valle, ex concesionaria de la carretera que une a la capital con San Ramón, no movió ni un metro de tierra en 7 años de concesión.

    Sin embargo, por ese no hacer nada el Estado deberá pagarle 34 millones de dólares, es decir 20.000 millones de colones, que equivalen a 2.800 millones por año o a ocho millones de colones diarios.

    La razón, Autopistas del Valle vendió la concesión a un tercero, la compañía brasileña OAS, pero el costo de esa venta, llamada cesión, tenemos que pagarla los costarricenses.

    Efectivamente, el paso de esos casi 40 millones de dólares está contemplado en la ley por una reforma introducida en el año 2008, que fue apoyada por todos los partidos, salvo algunas excepciones.

    Leda Zamora y tres diputados más del Partido Acción Ciudadana (PAC) se opusieron a esa reforma. También se opuso el ya fallecido diputado José Merino.

    La historia de la carretera a San Ramón es todo un cuento de terror. A lo largo de los años, mientras la vía se deteriora, los precios fueron ascendiendo.

    En total la obra pasó de 266,7 millones a 650,4 millones de dólares y el plazo de la concesión se extendió de 25 a 30 años.

    Igual que con la ruta a Caldera, el país se prepara para pagar cientos de millones de dólares por una carretera entre San José y San Ramón que es casi igual a la que tenemos.

    Se ganaron 33,9 millones de dólares por no hacer nada.

    La empresa Autopistas del Valle, ex concesionaria de la carretera que une a la capital con San Ramón, no movió ni un metro de tierra en 7 años de concesión.

    Sin embargo, por ese no hacer nada el Estado deberá pagarle 34 millones de dólares, es decir 20.000 millones de colones, que equivalen a 2.800 millones por año o a ocho millones de colones diarios.

    La razón, Autopistas del Valle vendió la concesión a un tercero, la compañía brasileña OAS, pero el costo de esa venta, llamada cesión, tenemos que pagarla los costarricenses.

    Germán Brenes, representante de la Contraloría General de la República, indicó que “es muy importante que la gente sepa que no se le está regalando un colón a la empresa, todo eso son costos de planos y diseños en que incurrió la empresa”.

    Efectivamente, el paso de esos casi 40 millones de dólares está contemplado en la ley por una reforma introducida en el año 2008, que fue apoyada por todos los partidos, salvo algunas excepciones.

    "Aquí a veces se apoyan los proyectos sin hacer análisis. Me parece más bien que esto en un lugar de un proyecto es una estafa", comentó Mireya Zamora, diputada del Movimiento Libertario.

    Leda Zamora y tres diputados más del Partido Acción Ciudadana (PAC) se opusieron a esa reforma.

    "Yo me oponía a sesión de contratos porque abría un portillo para lo que hoy tenemos, que es un mercado de contratos. Hay empresas dedicadas a conseguir concesiones, no para ejecutar las obras, sino para lucrar con contratos, porque obtienen la concesión como en este caso Autopistas del Valle, que madura el contrato por ocho años y después lo venden a un tercero para ganar más de $30 millones sin haber gastado ni un metro de asfalto", comentó Zamora.

    También se opuso el ya fallecido diputado José Merino.

    "El diputado Merino se opuso fuertemente a que se autorizara la figura de cesión porque es una estafa, es una forma de burlar el mecanismo de concurso público. Éste último sirve para que varias empresas participen y se seleccione la mejor, pero en la cesión, lo que hacen es que la empresa que se adjudicó se lo vende a una tercera que no tiene que dar la cara al pueblo, no debe participar", dijo José María Villalta.

    La historia de la carretera a San Ramón es todo un cuento de terror. A lo largo de los años, mientras la vía se deteriora, los precios fueron ascendiendo.

    En total la obra pasó de 266,7 millones a 650,4 millones de dólares y el plazo de la concesión se extendió de 25 a 30 años.

    El Ministerio de Obras Pública y la Contraloría manejan sin embargo, cifras diferentes. Según el ministro Pedro Castro, el costo de la concesión actual es de 524 millones de dólares, aunque él mismo, no sabe explicar el porqué de esa diferencia de $126 millones.

    "Sí desconozco esa diferencia, el monto que hemos manejado por valor de obras es de $524 millones, probablemente incluya algún tipo de seguros o mecanismo de financiamiento, pero lo que se está convirtiendo en obra que pasa a tarifas es $524 millones", aseveró Castro. 

    Los costos más altos contrastan con una obra más pequeña. En primer lugar, el paso Lindora- San Antonio ya no se construirá.

    Esta vía conecta un amplio centro residencial, comercial e industrial con la carretera a Caldera, pero su intercambio o conexión no la hizo Autopistas del Sol, como estaba previsto, pues se trasladó a su compañía hermana, Autopistas del Valle, para que la incluyera en la concesión de la obra San José - San Ramón.

    Ahora tampoco se va a hacer. Pero por esta falta el país le rebaja a la nueva concesionaria solo 20 millones de dólares, y no 60, costo supuesto de las obras.

    Mientras Autopistas del Valle dormía en los laureles, a la carretera se le presentaron problemas. El primero fue el de la platina. El exministro Francisco Jiménez dijo que esos trabajos costaron $3,8 millones, pero el CONAVI dijo después que habría que invertir otros $6 millones, pero en la concesión de la carretera solo se le reconocen al Estado $1 millón.

    Lo mismo ocurre con el hueco o alcantarilla en la ruta General Cañas. Ella le costó al gobierno otros $3 millones, pero en el contrato solo se reconocen al Estado $162 mil. Es decir, solo una vigésima parte.

    Más aún, ahora el Estado deberá correr con los gastos totales de reparación del puente del Virilla. Se ha dicho que eso representará otros 15 millones para el Consejo Nacional de Vialidad (CONAVI).

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