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    Lamentablemente, otra pifia del Gobierno. Parece mentira que la prioridad del Gobierno de Laura Chinchilla sea una reforma constitucional que procura que si un funcionario en el ejercicio de su cargo firma un decreto en beneficio propio o de un contribuyente de campaña, no podría ser demandado, solo podría serlo si 38 diputados lo aprueban. Eso solo pasa en nuestra Asamblea si es para recetarse vacaciones o aumento de salarios...

    Si difamó o calumnió a un ciudadano, si dejó de tomar una decisión o tomo otra contraria a la ley en el ejercicio de sus funciones, pues no se le va a tratar como a un ciudadano normal.

    Lo que pretende la reforma del Gobierno es que sean los diputados, y leo textualmente, los que valoré previamente, a través de un antejuicio, si procede o no el conocimiento de la acusación por parte de la Corte. ¿Serán los diputados los que decidan qué es un delito funcional, o qué no lo es?

    Es decir, el Poder más desprestigiado de la República valorará, analizará y decidirá qué debe o qué no deben juzgar los Tribunales de Justicia de la República, eso sí, integrados por profesionales del derecho capacitados y preparados para aplicar la ley a casos concretos.

    Si esta iniciativa, prioridad del Gobierno de doña Laura Chinchilla, estuviera vigente, muchos exfuncionarios, algunos del más alto nivel, que violaron leyes de la República durante el ejercicio de sus funciones no habrían sido juzgados y condenados por los Tribunales de Justicia. ¿Por qué no? Pues porque seguramente habrían ganado el caso en la Asamblea Legislativa donde habrían sido juzgados por sus compañeros de partido y con la complacencia de contrarios gracias a acuerdos debajo de la mesa. Y otra cosa, de aprobarse la reforma, algunos casos que hoy están en proceso tal vez se salvarían de llegar a tribunales...

    Esta iniciativa resulta tan incomprensible y descabellada como pretender que sean los diputados quienes decidan si un funcionario debe ser sometido a una intervención quirúrgica cuando está enfermo... Señores, ¡para eso están los médicos! Para definir qué es lícito y qué no lo es, para valorar un caso de acuerdo a nuestro ordenamiento jurídico, para dictar una sentencia están los Tribunales de Justicia de la República, el Poder Judicial.

    No podemos dejar de hacernos algunas preguntas... ¿Será que esta iniciativa tiene nombres y apellidos? ¿Será que la Presidenta no sabe de este proyecto? Sería muy grave... Aunque lo más grave será que la Presidenta sí sepa... En estos momentos, en que la prioridad debería ser reformar leyes para rescatar la Caja, nuevas leyes para evitar que los sinvergüenzas de cuello blanco evadan impuestos, como la Presidenta da prioridad a una ley que fomenta la impunidad. ¿Quién aconseja a la Presidenta de la República? 

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