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    Noticias | Nacional

    Reforma Procesal Laboral traerá consigo 339 nuevas plazas de trabajo

    La entrada en vigencia de la Reforma Procesal Laboral este próximo martes 25 de julio no solo traerá consigo el cambio más importante de los últimos 70 años en Costa Rica en materia laboral, sino además 339 nuevas plazas de trabajo.

    El Poder Judicial y el Ministerio de Trabajo anunciaron este lunes que ya están listos para la llegada de la reforma gracias a un largo proceso de trabajo que se inició desde enero de 2016 luego de la firma del presidente Luis Guillermo Solís.

    Según el Poder Judicial, a la fecha ya se han capacitado a 700 personas y se definió la creación de 231 nuevas plazas, de las cuales 79 serán para abogados que brindarán asistencia social gratuita, uno de los principales puntos de la reforma.

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    También se implementó el expediente electrónico en 52 oficinas a nivel nacional y se contrataron 22 nuevos locales para albergar los despachos laborales. Además se adaptaron las salas de juicio para la aplicación de la oralidad.

    Los cambios también incluyeron un plan de descongestionamiento de despachos que se inició en junio de 2016 y concluyó en junio anterior, lo que dio como resultado 9.500 asuntos laborales terminados.

    En el Ministerio de Trabajo, por su parte, se abrieron 108 nuevas plazas para asumir las funciones que asumirá esa cartera, principalmente en materia de arbitraje pero también en funciones de inspección de centros de trabajo.

    También se crearon seis unidades de resolución alternativa de conflictos, las cuales se ubicarán en San José, Alajuela, Puntarenas, Limón, Guanacaste y Pérez Zeledón.

    Principales cambios

    La Reforma Procesal Laboral promete modernizar e impulsar la justicia pronta y cumplida en disputas laborales mediante la introducción de principios de oralidad (al día de hoy todos los procesos son escritos), conciliación, celeridad y sencillez.

    La promesa es que ahora procesos que tardan entre 8 y 10 años se resuelvan en máximo uno.

    Ofrece seguridad jurídica en temas como las huelgas y elimina vacíos en la legislación, como por ejemplo la fijación de un porcentaje mínimo de trabajadores para poder declararse en paro.

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    Ofrece más vías para lograr arreglos como la conciliación, el arbitraje o la mediación; al tiempo que asegura claridad en los despidos pues ahora los patronos estarán obligados a ofrecer razones puntuales sobre la terminación de un contrato en lugar de términos ambiguos como la acostumbrada “reestructuración”.

    Ofrece defensores públicos a los sectores más necesitados, mejora la protección a las poblaciones sensibles o vulnerables, evita la discriminación y elimina puntos que generan dudas en la actual legislación, como por ejemplo la contratación de trabajadores sustitutos en caso de huelga y la negativa rotunda de estas en servicios esenciales. 

     

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