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    Pleno del Senado de EEUU inicia debate sobre reforma migratoria

    WASHINGTON, 7 junio 2013 (AFP) - La plenaria del Senado estadounidense inició este viernes el debate sobre un polémico proyecto de reforma al sistema migratorio, que de aprobarse abriría un camino a la ciudadanía para 11 millones de indocumentados.

    El jefe de la mayoría demócrata en el Senado, Harry Reid, prometió pasar la legislación antes del feriado del 4 de julio.

    Al iniciar el debate, en una sala medio vacía, el senador republicano Jeff Sessions criticó que el proyecto antepone una "amnistía" a los millones de ilegales actualmente en el país por encima de mayores medidas de seguridad fronteriza.

    El senador demócrata Bill Nelson replicó que el proyecto permitirá cortar el flujo de ilegales que burlan los controles fronterizos de 40% a 10%, pero advirtió contra la deportación como solución.

    "Si se pudiera deportar a 11 millones de personas esta economía colapsaría", señaló.

    El proyecto original fue redactado por un grupo de cuatro senadores demócratas y cuatro republicanos, y ya fue aprobado por el Comité de Asuntos Judiciales del Senado estadounidense, tras ser objeto de un centenar de enmiendas.

    El proyecto ofrece una legalización provisional para los indocumentados bajo ciertas condiciones. Tras trece años de espera pueden pedir la ciudadanía, pero antes el gobierno deberá demostrar que se cumplen estrictas condiciones de seguridad en la frontera.

    Entre los cambios se incluyeron varios propuestas republicanas que endurecen esas medidas de seguridad, amplían sustancialmente la entrada de trabajadores extranjeros de alta cualificación y extiende el monitoreo de las empresas para que no contraten a extranjeros sin papeles.

    Tras el Senado, el texto deberá pasar a la Cámara de Representantes, donde la mayoría republicana promete difíciles debates en torno al proyecto, que, a pesar de su origen bipartidista, ha provocado agudas discusiones.

    El jueves, la cámara baja aprobó una enmienda que elimina los fondos para ejecutar instrucciones del gobierno del presidente Barack Obama que relajaban la implementación de la ley migratoria, y hacían más difíciles las deportaciones.

    La reforma migratoria es una de las principales prioridades políticas del segundo periodo de Obama.

    Dos tercios de los más de once millones de ilegales son de origen hispano, la primera minoría estadounidense. 

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