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    Nicaragua busca dar concesión de 50 años a firma china de un canal interoceánico

    Nicaragua pretende otorgar a una empresa china una concesión durante 50 años, prorrogables con otros 50, para el desarrollo y operación de un canal interoceánico de gran calado entre el océano Atlántico y el Pacífico, una obra que durará unos 10 años y costará 40.000 millones de dólares, informaron hoy fuentes legislativas.

    Según el proyecto de Ley Especial para el Desarrollo de Infraestructura y Transporte Nicaragüense atingente al Canal, Zonas de Libre Comercio e Infraestructura Asociados, enviado al Parlamento el miércoles por el Ejecutivo, esa concesión "exclusiva" sería entregada a la compañía china HK Nicaragua Canal Development Investment Co., Limited, con sede en Hong Kong.

    La concesión del denominado "Gran Canal Interoceánico de Nicaragua" comenzaría a partir del inicio de operaciones comerciales del proyecto, previsto dentro de 10 años, y los 50 años prorrogables quedarían a elección del inversionista, según la iniciativa de ley a la que tuvo acceso Efe.

    Los diputados nicaragüenses fueron convocados mañana a una sesión especial donde presentarán ese proyecto, que será enviado a la Comisión de Infraestructura que la dictaminará, posiblemente, después de una semana de consultas, dijo a periodistas el titular del Congreso, el sandinista René Núñez.

    La oposición nicaragüense y diversos sectores demandaron hoy al Estado promover una consulta nacional previo a la aprobación de esa iniciativa.

    Según el Ejecutivo, el Gran Canal Interoceánico de Nicaragua incluirá un canal para naves; dos puertos de aguas profundas, en el Caribe y Pacífico; y un oleoducto que conecte a los dos litorales.

    Además, un canal seco para la construcción de una vía férrea para transporte de carga; dos zonas de libre comercio, una en el Caribe y otra en el Pacífico; y un aeropuerto internacional en las zonas de libre de comercio.

    La compañía beneficiada con la concesión sería HK Nicaragua Canal Development Investment Co., Limited, cuyo director es Wang Jing, quien en septiembre pasado firmó en Managua un memorando de entendimiento con el ministro presidente de la Autoridad del Gran Canal Interoceánico de Nicaragua, Manuel Coronel Kautz.

    El inversionista, como contraprestación por el otorgamiento de la concesión, estará obligado a entregar a la Autoridad del Gran Canal hasta 10 millones de dólares anuales durante 10 años, de acuerdo a la propuesta.

    El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, urgió ayer a los diputados aprobar dos proyectos de ley para facilitar a la empresa china la construcción del canal.

    La otra iniciativa es titulada Ley de Concesión a los Servicios de Inspección No Inclusiva a los Puestos de Controles y Fronteras para la Seguridad Nacional.

    "Tendríamos hasta el mes de mayo del próximo año (2014) para que esté listo el estudio de factibilidad, y en mayo del siguiente año (2015) estaría arrancando la obra", anunció Ortega en una ceremonia oficial donde recibió las credenciales de los nuevos embajadores de Arabia Saudí, Brasil, Canadá, Suiza y Kuwait.

    El gobernante explicó que el canal será húmedo, como el de Panamá, y el mismo será "un proyecto integral" que traería beneficios a Nicaragua, Centroamérica, y América Latina y el Caribe.

    El Parlamento, controlado por el oficialismo, aprobó en julio de 2012 la ley de construcción del canal interoceánico, una empresa de carácter público-privada, en la que el Estado tendrá el 51 % de las acciones y de las ganancias, y ofrecerá el restante 49 % a los inversores, que podrán ser países, organismos internacionales o personas naturales o jurídicas.

    Según la ley, el canal nicaragüense podría estar parcialmente construido para 2019, año en el que tendría capacidad para captar 416 millones de toneladas métricas, lo que representaría el 3,9 % de la carga marítima mundial.

    Además, la zona de construcción del canal será declarada de "utilidad pública" y el Estado nicaragüense indemnizará a los dueños de los terrenos afectados en un plazo no mayor de 10 años, de común acuerdo entre las partes.
     

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