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    Diputados deben decidir futuro de magistrado pero carecen del procedimiento

    Tras 32 rondas de votación, los magistrado de la Corte Suprema de Justicia decidieron que el magistrado Óscar González, denunciado por acoso sexual, debe ser separado de su cargo, sin embargo, el caso será enviado a la Asamblea Legislativa.

    La noticia ha creado confusión, por el hecho de que la decisión final haya quedado en manos de los diputados, y sean estos quienes tengan la última palabra acerca del futuro del funcionario, algo que según algunos legisladores, no les corresponde.

    Marique Oviedo, congresista del Partido Acción Ciudadana (PAC), dijo que la Corte Plena quiere lavarse las manos, otorgándoles una responsabilidad que no les compete. Sin embargo, existen bases jurídicas que le contradicen.

    Según explicó la jefa de Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa, Gloria Valerín, el artículo 165 de la Constitución Política establece el procedimiento mediante el cual, la Corte, puede decidir la suspensión de un magistrado cuando exista una acusación forman en su contra.

    “En este último caso, el acuerdo habrá de tomarse por la Corte Suprema de Justicia, en votación secreta no menor de los dos tercios del total de sus miembros”, reza el numeral. En seguida, la Ley Orgánica del Poder Judicial dicta el camino que se debe seguir.

    Artículo 182: “…Para decretar la suspensión, el acuerdo habrá de tomarse por dos tercios del total de sus miembros. Si esa misma cantidad de Magistrados considerare que lo procedente es la revocatoria de nombramiento, la Corte lo comunicará así a la Asamblea Legislativa para que resuelva lo que corresponda”.

    Esta Ley, claramente deja llano los pasos que se deben seguir, sin embargo, en la Asamblea Legislativa es donde el camino se pone empedrado, pues según Valerín, el reglamento del Congreso no establece el procedimiento mediante el cual los legisladores deben decidir acerca del caso del magistrado González.

    “El Plenario debe resolver, y definir cómo procede. Pueden declararlo inadmisible, admitirlo o proceder mediante una resolución, pero además se debe definir cuál es la mayoría que se requiere para ello”, detalló Valerín.

    Según la encargada de Servicios Técnicos, el Congreso es competente para tomar esta decisión, para lo que, pese a carecer de los lineamientos, “se puede aplicar el paralelismo de las normas”, aseguró. 

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