Diputados devuelven a primer debate proyecto para congelar fondos y bienes de origen dudoso

Por decisión unánime de los 39 diputados presentes en la votación, el proyecto que modifica la Ley contra la Delincuencia Organizada regresará a primer debate.

Según el diputado Gilberth Jiménez, secretario de la Comisión de Seguridad y Narcotráfico, en este tercer año legislativo existen dudas sobre si mantener o no un monto mínimo por el cual un incremento patrimonial sería “sospechoso” y, por ende, sujeto de aplicación de la nueva normativa.

“Se está analizando la posibilidad de eliminar el umbral de 50 mil dólares. El jueves, en la discusión de Plenario, presentaríamos una moción para eliminarlo por la recomendación que nos dio el OIJ”, aseguró el legislador.

El lunes, tras aprobarse el proyecto de ley en primer debate, usuarios en redes sociales manifestaron su preocupación ante la “medida anticipada y provisional” que incorpora la legislación, con la cual se autoriza al Ministerio Público, Contraloría, Ministerio de Hacienda e Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD) a congelar cuentas bancarias y resguardar bienes cuyo origen sea sospechoso sin que exista una denuncia previa.

Con la iniciativa actual, dicha acción se tomaría cuando el incremento patrimonial supere los $50 mil dólares en un periodo de hasta 10 años y no haya una causa lícita aparente que motive tal aumento.

Fernando Ramírez, director del ICD, aclara que este proyecto no expropia bienes ni cuentas y solo se podrá aplicar la medida anticipada cuando existan sospechas bien fundamentadas. 

"Lamentablemente, en los últimos días se ha tratado de relacionar estos asuntos de capitales emergentes, que existen desde hace muchos años, con los de extinción de dominio, que es totalmente distinto. Ya los temas de capitales emergentes pasaron un tamiz de constitucionalidad. No violenta el derecho a la propiedad, porque existe un debido proceso", aseguró el jerarca.

Por su parte, el diputado Jiménez explica que con este proyecto de ley no se le van a congelar los ahorros a una persona que los tenga en el banco, ni afectará las compras que hizo con dinero que ya pasó por el sistema bancario, como un préstamo.

"El problema es cuando alguien va a comprar un bien y lo paga en efectivo, por ejemplo, y nadie sabe de dónde salió ese dinero. Es en esos casos donde se congela el bien y no puede venderlo ni traspasarlo".

"Si en la investigación se demuestra, por ejemplo, que en la familia se pusieron varios de acuerdo y demuestran que ese dinero es legal, no pasa nada (...) Las personas que hacemos las cosas bien no tenemos que tener miedo a nada", puntualizó el legislador.

Norma que obliga a demostrar origen lícito de bienes existe desde 2009

Actualmente, las autoridades pueden presentar ante el Tribunal Contencioso Administrativo una denuncia cuando una persona física o jurídica tenga un incremento de capital sin causa lícita aparente y, hasta ese momento, se dicta una medida cautelar para congelar y asegurar los bienes sospechosos.

Con el proyecto en discusión, las autoridades podrán solicitar de manera anticipada la medida cautelar y tendrá un mes para presentar la denuncia. Si en un mes no se presenta la denuncia, entonces los bienes quedarán libres de todo proceso judicial. 

Además, también permitiría, que, una vez puesta la denuncia e iniciado el proceso de investigación, el juez contencioso-administrativo entregue al ICD los bienes, y esta entidad podrá venderlos de manera anticipada en subasta pública.

Si al final del proceso el juez dicta que hay que devolver el bien, entonces el ICD le entregará a la persona el dinero obtenido por la venta del mismo como una forma de indemnización. 

"Queremos evitar que se repita el caso del Palidejo: Hace unos 10 años se convirtió en un proceso por capitales emergentes, entonces nos entregaron la casa. Desde ese momento, le hemos invertido una gran cantidad de dinero en limpieza, seguridad y mantenimiento porque tenemos que cuidarlo", explicó Fernando Ramírez. 

Según el jerarca, poder vender el bien aminoraría mucho los costos de mantenimiento y permitiría aprovechar mejor el presupuesto del ICD.